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Una defensa contraproducente

En un país con tanta informalidad, el proyecto de ley radicado por la representante Clara Rojas para castigar a los clientes de las prostitutas podría empeorar la precaria situación de las trabajadoras sexuales.

El debate sobre la prostitución volvió a encenderse en Colombia debido al proyecto de ley que la representante Clara Rojas radicó para multar a las personas que paguen por tener relaciones sexuales. Como era de esperarse, la polémica dividió al país. Por un lado, las trabajadoras sexuales rechazaron el proyecto porque vulnera su derecho al trabajo y a su libre decisión sobre su cuerpo. Y por el otro, un sector ve en la propuesta una forma de luchar contra la explotación y la violencia de género.

En términos generales, el proyecto propone que los infractores pagarían unos 4 salarios mínimos diarios legales durante el primer año, suma que se incrementaría hasta llegar a 32. Además plantea crear el Fondo Nacional de Atención y Apoyo a Personas en Situación de Prostitución (Fonasp) que se encargaría del trabajo social, y un registro de estas.

Sin lugar a dudas, hay razones de sobra para regular la prostitución. Sin embargo, pese a las nobles intenciones de la representante Rojas, el proyecto tiene varios problemas. La idea no es nueva. Por ejemplo, desde 1999 la legislación sueca considera a la prostitución una forma de violencia contra las mujeres, por eso multa y encarcela a los clientes, mientras les otorga subsidios y acompañamiento psicosocial a las mujeres que quieran salir de ese mundo. Las medidas arrojaron buenos resultados. Según estadísticas oficiales, en los primeros años el número de compradores se redujo del 15 al 8 por ciento, y en Estocolmo hay menos de 200 prostitutas en las calles.

El éxito de esta legislación hizo que otros países aplicaran iniciativas similares. A Suecia le siguieron Canadá, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Irlanda del Norte y Francia, con resultados no tan satisfactorios. Expertos señalan que si bien el modelo sueco a corto plazo reduce la prostitución callejera y la violencia, a largo plazo ha comenzado a alimentar un mercado clandestino, dirigido en su mayoría por mafias que utilizan internet y las redes sociales para ofrecer servicios sexuales.

¿Si países del primer mundo con avanzados sistemas de seguridad social tienen ese tipo de problemas, qué suerte le puede esperar a uno como Colombia, donde la seguridad social no funciona bien y el Estado no es lo suficientemente fuerte como para aplicar una legislación al estilo de Suecia?

El proyecto de ley de Rojas “atenta contra los derechos laborales, al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía de las personas que se dedican a la prostitución”, dice la activista Mar Candela. Pero además tendría muchas dificultades para su aplicación. En primera instancia, ¿cómo podría el Estado aplicar un sistema de multas y de registro de trabajadores sexuales, cuando la informalidad laboral ronda el 50 por ciento?

Estas preguntas se sustentan en que la Corte Constitucional tiene alrededor de 25 sentencias referidas a la prostitución que no se han cumplido. En una de las más recientes, la T-629/10 de 2010, los magistrados concluyeron que las trabajadoras sexuales que ejercen su oficio en un establecimiento tienen los mismos derechos laborales que cualquiera. Sin embargo, esto se ha quedado en letra muerta. Precisamente, para dar cumplimiento a lo que decía la corte, el senador Armando Benedetti radicó en 2012 un proyecto de ley para regular las relaciones laborales en el mundo de la prostitución, pero no fue aprobado.

A esto se suma que el comercio de servicios sexuales está mutando. A la prostitución tradicional, se suma la de modelos prepago que se ofrecen en páginas de internet y en aplicaciones digitales como Tinder, lo que dificultaría imponer las sanciones propuestas.

Por otra parte, también es difícil crear un registro único. Esta idea, planteada desde inicios del siglo XX, nunca ha sido posible. Como afirma un funcionario, “esta es la hora en que no tenemos una cifra exacta de las personas que se dedican a la prostitución, en parte porque el Estado no tiene las herramientas para hacer un censo y porque muchas trabajadoras sexuales prefieren el anonimato”.

Por eso buena parte de los expertos consultados por SEMANA consideran que el Congreso antes que iniciar una aventura abolicionista y de criminalizar a los clientes, debería cumplir las sentencias de la Corte Constitucional. Sin lugar a dudas, hay razones de fondo para combatir la prostitución, pero el proyecto de Clara Rojas podría complicar aún más la desigualdad, la violencia, debido a que una cosa es Dinamarca y otra Cundinamarca.

Fuente Semana.com

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